¿Cuánto cuesta la seguridad social
de un empleado en Colombia?

El IBC se calcula como el promedio mensual de todos los pagos constitutivos de salario recibidos en los últimos 12 meses: comisiones habituales, horas extra, recargos nocturnos y bonificaciones regulares (Art. 127, Código Sustantivo del Trabajo). No se incluyen: el auxilio de transporte, las cesantías, la prima, las vacaciones ni las indemnizaciones (Art. 128 CST). Si la variación del IBC supera el 40% del promedio del año anterior, el excedente no se tiene en cuenta para salud (Decreto 1406 de 1999, Art. 40). Si el IBC resultante es menor a 1 SMMLV ($1.750.905), se usa el mínimo legal.

Sí, sin excepción. La afiliación al sistema de salud, pensión y ARL es obligatoria desde el primer día de la relación laboral, aunque el empleado esté en período de prueba. El período de prueba (máximo 2 meses para contratos indefinidos, Art. 78 CST) solo permite terminar el contrato sin indemnización — no crea ninguna excepción a las obligaciones de seguridad social. El empleador que no afilie desde el primer día queda expuesto a sanciones de la UGPP con efecto retroactivo. (Art. 22-23, Ley 100 de 1993).

Cada empleador aporta de forma independiente sobre el salario que paga a ese trabajador. El empleado permanece afiliado a una única EPS y AFP, pero ambas empresas realizan sus aportes a esas mismas entidades. El IBC combinado de todos los empleadores no puede superar 25 SMMLV ($43.772.625 en 2026). Para la ARL, cada empleador afilia al trabajador por los riesgos propios de su actividad; si las actividades son diferentes, prevalece el nivel de riesgo más alto. (Art. 5, Ley 797 de 2003; Art. 4, Decreto-Ley 1295 de 1994).

Sí. El empleador está obligado a continuar pagando los aportes a salud y pensión durante una incapacidad por enfermedad general, usando como IBC el valor del subsidio de incapacidad reconocido (no el salario completo). Los días 1 y 2 los cubre el empleador directamente. Del día 3 al 90 (y hasta el día 540 en ciertos casos), la EPS o el fondo de pensiones reconoce el subsidio, pero la obligación de cotización del empleador persiste. Una incapacidad no suspende la relación laboral ni el pago de aportes. (Art. 40, Decreto 1406 de 1999; Art. 3.2.1.10, Decreto 780 de 2016).

El contratista independiente con contrato de prestación de servicios calcula su IBC como el 40% del valor mensualizado del contrato (sin IVA), con un piso de 1 SMMLV y un techo de 25 SMMLV. Sobre ese IBC paga el 100% de salud (12.5%) y el 100% de pensión (16%). La ARL la paga el contratante. Los aportes son mes vencido: los de enero se liquidan en febrero dentro del mismo calendario por NIT. El contratante debe verificar el pago de aportes como requisito para girar honorarios. (Decreto 1273 de 2018, Art. 3.2.7.1, Decreto Único 1072 de 2015; Art. 30, Ley 1393 de 2010).

El salario integral aplica para empleados que ganan 10 SMMLV o más ($17.509.050 en 2026) y es acordado por escrito. En este caso, el IBC para seguridad social es el 70% del salario integral (el 30% restante es factor prestacional). Por lo tanto, para un salario integral de $18.000.000, el IBC sería $12.600.000. Las prestaciones sociales ya están incluidas dentro del salario integral, por lo que no se generan cesantías, prima ni vacaciones adicionales. (Art. 18 parágrafo, Ley 100 de 1993; Art. 132, Código Sustantivo del Trabajo).

Se calcula sobre el Ingreso Base de Cotización (IBC): el salario sin incluir el auxilio de transporte. El IBC mínimo es 1 SMMLV ($1.750.905 en 2026) y el máximo es 25 SMMLV ($43.772.625) para salud, pensión y ARL por igual. (Art. 5, Ley 797 de 2003; Art. 18, Ley 100 de 1993).

Sí, pero solo la parte del empleado: 4% de salud y 4% de pensión (total 8%). El empleador descuenta esos valores del salario neto y los suma a su propia contribución para hacer el pago unificado en la PILA. El empleado no paga ARL ni caja de compensación.

El IBC se calcula como el promedio mensual de todos los pagos constitutivos de salario de los últimos 12 meses: salario fijo, comisiones habituales, horas extra y recargos. Se excluyen el auxilio de transporte, cesantías, prima, vacaciones e indemnizaciones (Art. 127-128 CST; Art. 40, Decreto 1406 de 1999). Si el IBC promedio es inferior a 1 SMMLV, se usa el mínimo legal.

Sí, desde el primer día. El período de prueba (máximo 2 meses) es solo un mecanismo laboral para terminar el contrato sin indemnización — no crea ninguna excepción a las obligaciones de seguridad social. El empleador que no afilie al trabajador desde el inicio queda expuesto a sanciones retroactivas de la UGPP. (Art. 22-23, Ley 100 de 1993).

Los aportes se pagan mensualmente a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA). Las fechas van del 2° al 16° día hábil del mes según los dos últimos dígitos del NIT o cédula. Ver tabla completa en esta página. (Decreto 1990 de 2016).

La UGPP puede sancionar con el 5% mensual del valor omitido (hasta 100% del total) en una primera fase, y con el 10% mensual (hasta 200%) si no se corrige. A esto se suman intereses de mora a la tasa de usura menos 2 puntos. La UGPP puede fiscalizar hasta 5 años atrás. (Art. 314, Ley 1819 de 2016). Adicionalmente, si ocurre un accidente laboral sin ARL, el empleador asume todos los costos médicos e indemnizaciones sin respaldo asegurador.

Sí. El auxilio de transporte ($249.095 en 2026) aplica para empleados que ganan hasta 2 SMMLV ($3.501.810). No se incluye en el IBC para calcular SS, pero sí se suma al salario para liquidar cesantías, prima e intereses sobre cesantías. (Decreto 1470 del 29 de diciembre de 2025; Decreto 691 de 1994, Art. 6).

1.300 semanas de cotización, según la Ley 797 de 2003 (Art. 9, que modificó el Art. 33 de la Ley 100 de 1993). La edad mínima es 62 años para hombres y 57 para mujeres. La Ley 2381 de 2024 (reforma pensional) está suspendida por la Corte Constitucional (Auto 841 de 2025), por lo que estas condiciones siguen vigentes para 2026.

El Fondo de Solidaridad Pensional (FSP) es un aporte adicional de pensión que pagan los empleados (no los empleadores) que ganan más de 4 SMMLV. Va del +1% (para ingresos entre 4 y 16 SMMLV) hasta +2% (para ingresos de 20 SMMLV o más). Su fin es financiar pensiones de personas de bajos recursos y subsidios de vejez. (Art. 27, Ley 100 de 1993; Art. 7, Ley 797 de 2003).